El gobierno ecuatoriano anunció hace unos días que daba inicio al proceso de cierre de la Empresa Pública Correos del Ecuador. Conviene hacer algunas reflexiones sobre el particular.
La primera: no hay que confundir el servicio postal con la entidad que lo presta. El cierre de la empresa pública que al momento presta el servicio de correos y es el operador postal del gobierno ecuatoriano implica el fin de la entidad, no el del servicio de correos, como lo han dicho ya los funcionarios responsables del tema.
Esto tiene que ver con algo que se viene diciendo desde hace varios años, y que se ha repetido en estos días para cargar tintas dramáticas sobre el cierre de la empresa: eso de que la de correos es la empresa pública más antigua del Ecuador, pues habría sido creada en 1831.
Se trata de algo absolutamente falso. Lo que se creó en 1831 fue una Administración de Correos que, a partir de entonces, funcionó como tal, o como Dirección de Correos, hasta que recién en 1971, al promulgarse la Ley de Correos de ese años, se creó la Empresa Nacional de Correos, que en abril de 2010 se acopló a los mandatos de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y pasó a llamarse Empresa Pública Correos del Ecuador.
La segunda reflexión tiene que ver con el fracaso de la empresa que no es, como pretenden los partidarios del economista Correa, el resultado de una marcha atrás en la supuestamente exitosa política de fortalecimiento del Estado y sus empresas. Lo que ha ocurrido con Correos del Ecuador no es sino la continuación de la persistente caída de sus ingresos, que no se ha detenido desde 2013, esto es, cuatro años antes de que se posesione el actual presidente. Veamos, si no, este cuadro, que muestra los ingresos operacionales de la empresa entre 2012 y 2019.
Esto, obviamente, es solo el reflejo de la reducción en el volumen del despacho de piezas postales, que se ve con claridad en este cuadro tomado del último boletín estadístico que se publicó en septiembre de 2019 (se lo puede ver pulsando AQUÍ).
Ha habido una falta de eficiencia en la gestión institucional, y gran parte de la culpa es sin duda imputable al constante cambio de gerentes, que apenas tenían tiempo de empaparse de los temas antes de ser sustituidos. Según el informe de la gestión institucional correspondiente a 2019 (pueden verla pulsando AQUÍ), apenas "se alcanzó el 68% de cumplimiento de ingresos en relación al valor total planificado". Las razones que se exponen para ello son varias y, si bien algunas son externas, una buena cantidad tienen que ver con una deficiencia de gestión: mala imagen corporativa, falta de capacidad operativa, desconocimiento de procesos, tiempo de entrega muy extenso, pérdida de confianza en el servicio, ffalta de difusión de tarifas ....
Ahora bien, conviene hacer algunas preguntas para los cuales no tengo respuesta. ¿La empresa ha llegado a una situación que solo amerita terminar con ella? ¿Es solo un tema de eficiencia que puede resolverse con una administración adecuada? ¿Es posible todavía imponer correctivos?
Sea de esto lo que fuere, y aquí viene la tercera reflexión, si definitivamente la Empresa Pública de Correos no puede seguir existiendo, ¿cómo se la va a reemplazar?
Porque no se trata de una simple actividad económica del Estado que este puede abandonar como ocurre, por ejemplo, en el caso de un ingenio de azúcar, una farmacéutica o, incluso, una línea aérea. Nos encontramos ante un servicio público que el Estado ecuatoriano está obligado a brindar por mandato constitucional, y al que está ligado en virtud de un tratado internacional.
No tenemos claro cuál va a ser el camino que se seguirá para la transición hacia una nueva forma de prestar el servicio, ni sabemos tampoco cuál será esa nueva forma, aunque se habla de una concesión al sector privado.
Es indispensable llamar la atención sobre la importancia de velar adecuadamente por los intereses públicos en este proceso de transición, intereses que involucran no solo los aspectos económicos de la transición sino, sobre todo, los repositorios documentales e históricos en manos de Correos del Ecuador, las cartas y los paquetes que no han sido entregados a sus destinatarios, la continuidad del servicio, etc.
No está demás recordar, para finalizar, las limitaciones que la Constitución establece en materia de gestión de servicios públicos. Estos últimos, dice un sin duda deficiente mandato, pero constitucional al fin, deben ser prestados por empresas públicas o por empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado y solo en forma excepcional, cuando una ley lo establezca, por el sector privado.
